Nuevamente el Ejército Nacional arremete contra la población campesina del Catatumbo colombiano. En esta ocasión la víctima es José del Carmen Durán Téllez, un campesino de 33 años de edad, padre de tres menores, quien fue ejecutado por el ejército en la vereda Costa Rica del corregimiento de San Juancito, en Teorama (Norte de Santander).
El martes 18 de marzo de 2008, José del Carmen salió de su finca en la vereda Costa Rica hacia la finca de su suegro, que queda en la misma vereda, por una medicina que él necesitaba ya que padecía de asma. Al llegar nuevamente a su hogar en compañía de un vecino, alrededor de las tres de la tarde, el ejército estaba en su vivienda. Los militares registraron toda su casa, revolcando sus pertenencias. En medio de la búsqueda hallaron una escopeta de propiedad de José del Carmen con la cual él salía a cazar. Luego a José del Carmen le dicen que habían hallado material explosivo en su morada y estaban poniendo como testigo de este hecho a su vecino. José del Carmen dice no reconocer ese material pues es un montaje del ejército para justificar los destrozos que causan en la vivienda.
José del Carmen fue retenido en su hogar junto con su familia y su vecino hasta las seis de la mañana del miércoles. A esa hora el ejército se retiró de la vivienda expresándole a su esposa que se preparara, que en un buen tiempo no lo vería pues se iba para la cárcel. La esposa salió detrás de José del Carmen, pero los soldados la intimidaron y la obligaron a regresar. Ante esta situación, la familia del detenido empezó a convocar a la comunidad para ir en comisión a buscarlo e indagar sobre su paradero y el motivo de su detención. El jueves 20 de marzo, a la una de la tarde, se reúnen 19 personas y empiezan camino en búsqueda del ejército. A las cuatro de la tarde llegaron a la quebrada El Perico, que es el límite de la vereda Costa Rica con Vegas de Oriente. Allí se encontraban los efectivos del ejército que habían detenido a José del Carmen, quienes al ver la comisión la detienen. La comunidad les solicita que se identifiquen, motivo por el cual un soldado manifiesta pertenecer al Gmaza Caballería de Cúcuta; luego otro soldado se identificó como cabo primero Ramírez Téllez de la Brigada Móvil No. 30, quien le dijo a la comisión que José del Carmen se encontraba bien, que ellos le han dado buen trato y que era mejor que se marcharan porque lo iban a poner a disposición de la Fiscalía. Finalmente la comisión se retiró ante la actitud indolente del ejército.
El viernes 21 de marzo, la comisión se había fortalecido y ya eran 34 las personas que la integraban. Ese mismo día en horas de la mañana, sale la comisión nuevamente a la quebrada El Perico, lugar donde continuaban los militares. Estando ahí, la comunidad empieza a reclamarle al ejército que querían ver a José del Carmen para saber en qué condiciones se encontraba, si estaba vivo o muerto. Ante la presión de la comunidad, los militares que no quisieron decir a qué unidad estaban adscritos, empezaron a insultar a los miembros de la comisión y finalmente les manifestaron que había que esperar a que llegara la Fiscalía.
Ya siendo las dos de la tarde los militares preguntaron por el presidente de la junta de acción comunal y lo autorizaron para que viera a José del Carmen. Pero para sorpresa de todos, cuando el presidente de la junta regresa y se encuentra con la comisión, no puede evitar llorar, pues para sorpresa de todos el presidente había hecho reconocimiento del cuerpo sin vida de José del Carmen.
Finalmente, como si fuera poco, el mando a cargo que se identificó como miembro de la Brigada Móvil 15, le solicitó al presidente que separara a los familiares de la víctima de la comisión, motivo por el cual la comunidad en pleno respondió que todos eran su familia. Ante esta respuesta el mando les manifestó que ese viernes 21 de marzo se habían presentado combates y que José del Carmen había muerto en combate.
Este hecho no sólo se constituye en una violación e infracción a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino también se ha convertido en una práctica recurrente del Ejército Nacional, donde en vez de defender y proteger a la población civil se vuelve su victimario, aprovechando el estado de indefensión del campesinado y abusando de la autoridad que las leyes colombianas le han otorgado.
Se hace importante denunciar que el Ejército Nacional, en este caso la Brigada Móvil No. 15 bajo el mando del coronel Rubén Darío Castro, ha asumido una posición negligente y mentirosa no sólo ante la comunidad sino también con las mismas instituciones del Ministerio Público, pues ante la llamada del personero municipal, Castro le manifestó que sus tropas no se encontraban operando en la vereda Costa Rica. Sin embargo, ante la llamada del suegro de José del Carmen a Castro, éste le dijo inicialmente que podrían reclamar el cadáver en Ocaña y luego dijo que si querían lo podían reclamar ahí mismo en la quebrada El Perico, como si fuese el ejército la autoridad pertinente para hacer la entrega del cuerpo sin vida.
La muerte de José del Carmen Durán demuestra una vez más los atropellos que la fuerza pública comete con la población campesina de la región del Catatumbo, pues de manera ilegal y arbitraria, sin mediar orden judicial, ingresaron y allanaron la vivienda de José del Carmen, realizando montajes con material explosivo, reteniendo ilegalmente a seis personas por más de 15 horas, entre ellos tres menores de edad. No suficiente con eso, detienen a José del Carmen justificados en la farsa que montaron y finalmente desconocen el deber de cuidado que deben tener con los civiles, con las personas protegidas como lo era José del Carmen y más cuando están bajo su responsabilidad. Nuevamente el ejército ejecuta al campesinado para justificar la efectividad de la política de “seguridad democrática” que so pretexto de la lucha contrainsurgente se ha vuelto en la justificación facilista de un ejército asesino y violador de los derechos humanos.
ESTADO DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Desde 1998, la FLIP monitorea y documenta, a través de su Red de Alerta y Protección a Periodistas (RAP), las agresiones contra la prensa. 'El desafío de informar en Colombia' compila los datos obtenidos a lo largo del año que finalizó y ofrece un panorama revelador sobre la situación que atraviesa el periodismo en nuestro país.
En total, en 2007 se reportaron 162 violaciones a la libertad de prensa, lo que implicó casi una agresión contra el periodismo cada dos días. De ellas, más del 50% revistieron la forma de amenazas que recibieron los comunicadores con motivo de su tarea informativa. La gravedad de estos hechos incluso llevó a 16 periodistas a abandonar sus lugares de origen, y así sumarse al gran número de personas que se desplaza dentro del país.
En cuanto a los asesinatos de periodistas, el año pasado se contabilizaron dos. En enero de 2007, en Istmina, Chocó, fue reportado el homicidio del periodista y abogado Elacio Murillo Mosquera; mientras que en septiembre del mismo año, en Cartago, Valle, fue encontrado muerto el periodista Rubén Darío Arroyave. La muerte de ambos comunicadores tuvo su origen aparentemente en sus actividades periodísticas.
Además de amenazas y asesinatos, los profesionales de la información fueron principalmente víctimas de tratos inhumanos o degradantes, y obstrucciones al trabajo periodístico. En general, los autores de estos actos se mantienen como desconocidos; ni los periodistas pudieron suponer quién pudo agredirlos, ni las autoridades pudieron identificar de donde provinieron las agresiones.
En segundo lugar, como presuntos autores de las violaciones a la libertad de prensa, aparecen los grupos armados paramilitares. Alrededor del 19% de las agresiones recibidas por periodistas provendrían de estos grupos, a pesar de que el año pasado se cumplieron cuatro años del inicio del proceso de desmovilización y
dos de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz.
Más abajo, en la lista de presuntos autores, aparecen la guerrilla de las FARC, los ciudadanos particulares, los funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública. Estos dos últimos actores se mencionan como autores del 21% de las violaciones a la libertad de prensa. Lo grave de la situación: en ciertos casos aparecen como presuntos autores de actos a los que usualmente recurren los grupos armados ilegales, como amenazas y tratos inhumanos o degradantes contra la prensa.
Para contrarrestar estos hechos, el gobierno cuenta con un programa de protección a periodistas dentro del Ministerio del Interior. Sin desconocer las labores que este programa lleva adelante, la FLIP observa que se presentan irregularidades que atentan contra la seguridad de la prensa, como las demoras o incumplimientos
totales o parciales en la implementación de medidas de protección para los periodistas.
Toda esta información se encuentra con detalle en 'El desafío de informar en Colombia'. A partir de este informe, la FLIP pretende llamar la atención sobre las autoridades, para que se desarrollen tareas preventivas y se sancione a los autores de estos hechos; sobre las organizaciones que procuran la protección de la libertad de prensa, para que unan sus esfuerzos en su labor; y sobre la sociedad en general, a fin de dar a conocer la situación que padecen quienes
día a día afrontan el desafío de informar en Colombia.
En total, en 2007 se reportaron 162 violaciones a la libertad de prensa, lo que implicó casi una agresión contra el periodismo cada dos días. De ellas, más del 50% revistieron la forma de amenazas que recibieron los comunicadores con motivo de su tarea informativa. La gravedad de estos hechos incluso llevó a 16 periodistas a abandonar sus lugares de origen, y así sumarse al gran número de personas que se desplaza dentro del país.
En cuanto a los asesinatos de periodistas, el año pasado se contabilizaron dos. En enero de 2007, en Istmina, Chocó, fue reportado el homicidio del periodista y abogado Elacio Murillo Mosquera; mientras que en septiembre del mismo año, en Cartago, Valle, fue encontrado muerto el periodista Rubén Darío Arroyave. La muerte de ambos comunicadores tuvo su origen aparentemente en sus actividades periodísticas.
Además de amenazas y asesinatos, los profesionales de la información fueron principalmente víctimas de tratos inhumanos o degradantes, y obstrucciones al trabajo periodístico. En general, los autores de estos actos se mantienen como desconocidos; ni los periodistas pudieron suponer quién pudo agredirlos, ni las autoridades pudieron identificar de donde provinieron las agresiones.
En segundo lugar, como presuntos autores de las violaciones a la libertad de prensa, aparecen los grupos armados paramilitares. Alrededor del 19% de las agresiones recibidas por periodistas provendrían de estos grupos, a pesar de que el año pasado se cumplieron cuatro años del inicio del proceso de desmovilización y
dos de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz.
Más abajo, en la lista de presuntos autores, aparecen la guerrilla de las FARC, los ciudadanos particulares, los funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública. Estos dos últimos actores se mencionan como autores del 21% de las violaciones a la libertad de prensa. Lo grave de la situación: en ciertos casos aparecen como presuntos autores de actos a los que usualmente recurren los grupos armados ilegales, como amenazas y tratos inhumanos o degradantes contra la prensa.
Para contrarrestar estos hechos, el gobierno cuenta con un programa de protección a periodistas dentro del Ministerio del Interior. Sin desconocer las labores que este programa lleva adelante, la FLIP observa que se presentan irregularidades que atentan contra la seguridad de la prensa, como las demoras o incumplimientos
totales o parciales en la implementación de medidas de protección para los periodistas.
Toda esta información se encuentra con detalle en 'El desafío de informar en Colombia'. A partir de este informe, la FLIP pretende llamar la atención sobre las autoridades, para que se desarrollen tareas preventivas y se sancione a los autores de estos hechos; sobre las organizaciones que procuran la protección de la libertad de prensa, para que unan sus esfuerzos en su labor; y sobre la sociedad en general, a fin de dar a conocer la situación que padecen quienes
día a día afrontan el desafío de informar en Colombia.
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